10.22235/cp.v18i1.3652

Prácticas de evaluación psicológica en ámbitos jurídicos: Una encuesta a profesionales de Latinoamérica

Psychological assessment practices in legal contexts: A survey to professionals from Latin-America

Práticas de avaliação psicológica em âmbitos jurídicos: Uma pesquisa com profissionais da América Latina

Karin Arbach¹, ORCID 0000-0003-1753-4693

Lucía Barboni², ORCID 0000-0002-1853-8525

Ezequiel Mercurio³, ORCID 0000-0002-0521-6981

¹ Universidad Nacional de Córdoba; Conicet, Argentina, k_arbach@unc.edu.ar

² Universidad Católica del Uruguay, Uruguay

³ Defensoría General de la Nación Argentina, Argentina

Resumen:

Este estudio analiza las prácticas de evaluación psicológica en cinco áreas frecuentemente exploradas en ámbitos jurídicos: el estado mental al momento del delito, el riesgo de violencia general, el riesgo de violencia sexual, la simulación y el daño psicológico. Un total de 191 psicólogos de 10 países que ejercen su práctica en ámbitos jurídicos de Latinoamérica respondieron una encuesta en Internet. A partir de sus respuestas se extrajeron tres hallazgos principales que fueron consistentes en las cinco áreas de evaluación: a) el uso predominante de la entrevista, seguido de los inventarios multiescala de personalidad y las pruebas proyectivas, b) un uso más frecuente de técnicas de evaluación inespecíficas, en comparación a las específicas para cada área y, finalmente, c) las comparaciones entre regiones indican una preferencia por pruebas proyectivas y el test de Rorschach en Argentina, seguida por los otros países sudamericanos, y una preferencia por pruebas estandarizadas en Centroamérica, como los inventarios multiescala de personalidad, las escalas clínicas y las técnicas de evaluación cognitiva. Se discuten los hallazgos desde una perspectiva comparada y considerando sus implicancias académicas, técnicas y deontológicas.

Palabras clave: evaluación psicológica; ámbito jurídico; estado mental; riesgo de violencia; simulación; daño psicológico; Latinoamérica.

Abstract:

This study explores practices of psychological assessment within five frequently researched areas in legal contexts: mental state during the offense, risk of general violence, risk of sexual violence, simulation, and psychological harm. A total of 191 psychologists from 10 Latin American countries who practice within legal domains took part in an online survey. Three key findings emerged from their responses and were consistent across all five assessment areas: a) the predominant use of the interview, followed by multi-scale personality inventories, and projective tests; b) a preference for nonspecific assessment techniques, rather than specific approaches tailored to each area; and c) comparing regions, a preference for projective tests and the Rorschach test in Argentina, followed by other South American countries. In contrast, standardized tests, such as multi-scale personality inventories, clinical scales, and cognitive assessment methods, found favor in Central American regions. The findings are discussed from a comparative perspective, with their academic, technical, and ethical implications.

Keywords: psychological assessment, legal field; mental state; risk of violence; simulation; psychological harm; Latin America.

Resumo:

Este estudo analisa as práticas de avaliação psicológica em cinco áreas frequentemente exploradas em contextos jurídicos: o estado mental no momento do delito, o risco de violência geral, o risco de violência sexual, a simulação e o dano psicológico. Um total de 191 psicólogos que atuam em âmbitos jurídicos de 10 países da América Latina responderam a uma pesquisa pela Internet. A partir de suas respostas, foram extraídas três descobertas principais consistentes nas cinco áreas de avaliação: a) o uso predominante da entrevista, seguido por inventários de personalidade multiescala e testes projetivos, b) um uso mais frequente de técnicas de avaliação inespecíficas em comparação com as específicas para cada área e, finalmente, c) as comparações entre regiões indicam uma preferência por testes projetivos e o Teste de Rorschach na Argentina, seguido pelos outros países sul-americanos; e uma preferência por testes padronizados na América Central, como inventários de personalidade multiescala, escalas clínicas e técnicas de avaliação cognitiva. Os achados são discutidos a partir de uma perspectiva comparativa, e considerando suas implicações acadêmicas, técnicas e deontológicas.

Palavras-chave: avaliação psicológica; contexto jurídico; estado mental; risco de violência; simulação; dano psicológico; América Latina.

Recibido: 25/08/2023

Aceptado: 24/04/2024

La evaluación psicológica requerida en ámbitos jurídicos ofrece conocimientos específicos que se diferencian de aquellos propios de jueces y jurados (Younan & Martire, 2021) y de contextos clínico-asistenciales (Arellano & Rivera Heredia, 2021; Echeburúa et al., 2011). Las técnicas empleadas en estas evaluaciones, así como las conclusiones que de su uso deriven los expertos, deben ser relevantes y confiables en relación a la pregunta que atienden, pues influyen en decisiones judiciales que comprometen las libertades individuales y la seguridad pública (Bonventre, 2021; Garrett & Neufeld, 2009).

Algunos estudios han identificado, mediante revisiones cualitativas y análisis de documentos legales, ciertos puntos críticos de las evaluaciones psicológicas en contextos jurídicos de países como Estados Unidos, Inglaterra y España (Grisso, 2010; Ireland, 2012; Muñoz Vicente & López Ossorio, 2016). Entre ellas se encuentran la ausencia de teorías psicológicas de base, el uso de pruebas psicométricas diseñadas para otros contextos, acusaciones interpretadas como hechos, cualificación limitada de los evaluadores, falta de especificación de los criterios técnicos seguidos y de las limitaciones de la evaluación, ausencia de fuentes de información colaterales y uso de lenguaje inapropiado. En un contexto más cercano, también en Chile se han publicado trabajos que cuestionan la confiabilidad y validez de ciertos dictámenes periciales y el nivel de especialización y formación de los peritos (Duce, 2018a, 2018b; Quijada, 2011).

Con el objetivo de reducir estas limitaciones algunos países han establecido normativas que permiten garantizar la cientificidad de la prueba admitida en los procesos judiciales (National Research Council, 2009; President’s Council of Advisors on Science and Technology, 2016). En Estados Unidos, los criterios Daubert orientan la admisibilidad del testimonio de expertos a partir del cumplimiento de las siguientes condiciones (Daubert vs. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 1993): a) el método empleado por el experto debe contar con contrastes empíricos, b) la tasa de error del método empleado debe ser conocida (efectiva o potencialmente), c) la existencia de publicaciones revisadas por pares en revistas científicas que apoyen la metodología empleada y d) la aceptación general por parte de la comunidad científica del método empleado. Este último criterio, denominado Frye, fue el único existente durante décadas, antes de los criterios Daubert (Frye vs. U.S., 1923).

También se han generado guías que establecen buenas prácticas en evaluación psicológica en ámbitos jurídicos (American Psychological Association (APA), 2013; Australian Psychological Society, 2014). Estas directrices orientan el trabajo de los profesionales mediante criterios unificados revisables que promueven la calidad y la homogeneidad de las prácticas en un medio en el que la precisión y rigurosidad metodológica y científica son imprescindibles para un ejercicio ético y confiable (APA, 2013). Asimismo, numerosas publicaciones internacionales establecen recomendaciones y criterios de calidad aplicables a la práctica profesional en ámbitos jurídicos (por ej. Combalbert et al., 2014; Grisso, 2010; Heilbrun, Grisso, et al., 2008; Juárez & Lira Mendiguren, 2020; Otto et al., 2014; Young, 2016). En el contexto hispanoparlante, España registra aportes significativos en este aspecto (por ej., Asociación de Psicólogos Forenses de la Administración de Justicia (APF), 2018; Colegio Oficial de Psicólogos de Catalunya (COPC), 2016; Garrido Gaitán et al., 2023). En Latinoamérica, diversas instituciones han publicado sus propios protocolos de trabajo atendiendo al contexto legal y social de cada país (por ej., el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2016 en Perú; o el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2010 en Colombia).

Estudios sobre las prácticas de evaluación psicológica en ámbitos jurídicos

En las últimas tres décadas se han realizado estudios que administran encuestas a muestras de profesionales para conocer en qué medida sus prácticas se adecúan a dichos protocolos y lineamientos. Una de las encuestas más referenciada se realizó a mediados de los años 90 a una muestra de 200 psicólogos y psiquiatras forenses de Estados Unidos (Borum & Grisso, 1995). Las técnicas más empleadas fueron las pruebas de inteligencia y cognitivas, principalmente, la Escala Wechsler de Inteligencia para Adultos (WAIS; Wechsler, 1981) y las pruebas objetivas de personalidad, principalmente el Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota (MMPI; Hathaway, 1982) y aproximadamente un cuarto de los profesionales reportó emplear pruebas proyectivas. Años más tarde, en otra encuesta en ese país más del 80 % de una muestra compuesta por 64 psicólogos forenses acreditados indicaron que, mientras que las pruebas psicométricas como el WAIS y las escalas MMPI eran aceptables y recomendables en evaluaciones requeridas en contextos jurídicos, las técnicas proyectivas resultaban inaceptables en ese ámbito, y entre el 52 % y el 63 % consideró inaceptable el test de Rorschach (Lally, 2003).

Pocos años después, 152 profesionales doctorados y con un promedio de 15 años en la práctica forense respondieron una encuesta en Internet sobre la frecuencia de uso en las evaluaciones forenses de 10 tipos de pruebas psicológicas (Archer et al., 2006). Los resultados fueron en la misma línea que lo reportado en encuestas previas, pues los inventarios multiescala de personalidad y las pruebas cognitivas y de rendimiento fueron las técnicas más usadas (86 % y 82 % de los encuestados los empleaban, respectivamente), seguidas de las pruebas específicas de simulación (72 %). Las técnicas menos empleadas fueron las pruebas no estructuradas de personalidad, solo el 36 % dijo emplear alguna, con más frecuencia el test de Rorschach (Archer et al., 2006).

Tras dos décadas de desarrollo y amplia difusión de las técnicas específicas para la valoración estructurada del riesgo de violencia, a fines del año 2012 se realizó la primera encuesta en Internet que exploró su uso en 2135 profesionales del área de la salud mental forense de 44 países (Singh et al., 2014). Más de la mitad de los profesionales (54 %) indicó realizar estas evaluaciones usando alguna técnica específica, sea actuarial o de juicio profesional estructurado (JPE), pero esta proporción varió significativamente entre regiones. En Asia y Sudamérica se reportó la menor proporción de evaluaciones realizadas con técnicas específicas. La Guía HCR-20 para la valoración del riesgo de comportamientos violentos (Webster et al., 1997) y los Listados de Chequeo de Psicopatía (PCL; Hare, 2003) fueron los más empleados en todas las regiones.

En la última década, los resultados de las encuestas a expertos de la Psicología y la Psiquiatría Forense de países de altos ingresos (por ej., Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y varios países europeos) muestran un incremento progresivo en el uso de técnicas estructuradas y en el número de técnicas empleadas, una preferencia sostenida por las versiones del MMPI y la progresiva incorporación del Inventario de Evaluación de la Personalidad (PAI; Morey, 1991) (Neal & Grisso, 2014a). Asimismo, en estas regiones se viene reportando un aumento de uso de las técnicas específicamente desarrolladas para entornos jurídicos. Por ejemplo, en una encuesta reciente en Canadá, entre el 33 y el 50 % de un total de 110 psicólogos indicaron emplear técnicas forenses específicas al evaluar estilos de respuesta, como el Test de Simulación de Problemas de Memoria (TOMM; Tombaugh, 1996) y las Escalas Paulhus de Engaño (PDS; Paulhus, 1998), y entre un 50 y 67 % empleaban técnicas actuariales y de juicio profesional estructurado, como el HCR-20 y la Guía para la Valoración del Riesgo de Violencia (VRAG; Quinsey et al., 2006) para las evaluaciones del riesgo de violencia (Hill & Demetrioff, 2019).

También en Latinoamérica se han realizado encuestas sobre las prácticas de evaluación psicológica en contextos jurídicos. En el año 2006, 167 psicólogos forenses de Chile, con un promedio de 4.3 años en el ejercicio profesional, respondieron una encuesta en Internet. El 75 % reportó no haber recibido formación específica forense antes de trabajar en esta área, y el 25 % no la había recibido al momento de la encuesta. Al igual que lo reportado por profesionales de países anglosajones, también aquí la entrevista fue la técnica más empleada en las evaluaciones (99 % dijo emplearla), aunque en segundo lugar se ubicaron las técnicas proyectivas (97 % dijo emplearlas). Las técnicas psicométricas fueron usadas por la mitad de los profesionales, y solo 1 de 5 empleó instrumentos de evaluación específicos para el ámbito jurídico (Navarro & Gudjonsson, 2008).

Otro antecedente de la región reporta los datos para Argentina y Chile derivados de la encuesta internacional de Singh et al. (2014). Los profesionales reportaron emplear herramientas específicas de valoración del riesgo de violencia en aproximadamente la mitad (53 %) de las evaluaciones de riesgo de violencia que realizaban (Singh et al., 2013). En esta encuesta, el uso de preguntas cerradas mencionando instrumentos específicos diseñados y validados en otros países pudo haber generado un sesgo de deseabilidad social en las respuestas. Para contrarrestar este posible efecto y profundizar en los marcos teóricos que acompañan la selección de técnicas, se diseñó una nueva encuesta con preguntas abiertas, y posteriormente categorizadas, que fue respondida por 71 psicólogos forenses de Latinoamérica (Arbach et al., 2017). Las respuestas indicaron un uso mayoritario de técnicas proyectivas para la valoración del riesgo de violencia, en detrimento del uso de instrumentos específicos para esta tarea. Finalmente, en una encuesta a 30 profesionales que se desempeñaban en el ámbito de psicología jurídica de Uruguay, la mayoría (86 %) reportó emplear pruebas proyectivas y solo el 21 % empleaban instrumentos específicos de evaluación del riesgo de violencia (Barboni & Bonilla, 2019).

En resumen, los estudios revisados revelan un cambio gradual en los países de altos ingresos hacia la adopción de herramientas de evaluación psicológica estructuradas y específicas en diferentes áreas de relevancia en contextos jurídicos (Archer et al., 2006; Borum & Grisso, 1995; Hill & Demetrioff, 2019). Este cambio se ha visto influido por una creciente comprensión de la importancia de fundamentar la práctica profesional en metodologías con precisión y validez demostrables, especialmente en situaciones donde las decisiones pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas involucradas (Lally, 2003). Mientras que este cambio parece más patente en países del norte de América y de Europa, en Latinoamérica predomina el uso de instrumentos no estructurados e inespecíficos, cuyo principal exponente son las técnicas proyectivas (Arbach et al., 2017; Barboni & Bonilla, 2019; Navarro & Gudjonsson, 2008).

Mantener un conocimiento actualizado sobre estas prácticas puede ser útil, tanto a los profesionales de la salud mental en ámbitos jurídicos que cotidianamente deben decidir sobre las técnicas a emplear como a jueces y fiscales, al informarles en qué medida las prácticas locales se adecúan (o no) a criterios de cientificidad que suelen regular la admisibilidad de la prueba que aportan los psicólogos en otros contextos jurídicos. A partir de esto, el presente estudio busca actualizar la evidencia sobre las prácticas habituales de evaluación de profesionales psicólogos de Latinoamérica en cinco áreas de relevancia jurídica consideradas en estudios previos (por ej., Arbach et al., 2017; Archer et al., 2006; Lally, 2003): el estado mental al momento del delito, el riesgo de violencia general, el riesgo de violencia sexual, la simulación y el daño psicológico.

Materiales y método

Diseño de investigación

Estudio empírico cuantitativo, descriptivo, ex post facto, transversal, mediante encuesta, con muestra no probabilística (Montero & León, 2007).

Participantes

Los participantes de este estudio fueron 191 psicólogos que ejercían su profesión en algún país de Latinoamérica y que respondieron de manera anónima y voluntaria una encuesta en Internet (76.4 % mujeres, n = 146). La media de edad fue de 42.08 años (DE = 9.34), con un rango de 23 a 74 años y sin diferencias significativas de edad según sexo (t(61.51) = - 0.46, p = .650). Con respecto al país de ejercicio profesional, respondieron la encuesta profesionales de 10 países de Latinoamérica. A los fines de los análisis comparativos, los países fueron agrupados en tres regiones: Argentina se mantuvo como una región por ser el país con mayor frecuencia de participantes, el resto de los países fueron agrupados del siguiente modo: Resto de Sudamérica (entre corchetes la cantidad de participantes por país) (Venezuela (1), Uruguay (18), Chile (11), Colombia (6), Perú (5), Ecuador (5)) y Centroamérica (Guatemala (1), Costa Rica (28), México (11)).

Procedimiento y materiales

La encuesta fue diseñada en Google Forms y estuvo compuesta por preguntas directas de respuesta cerrada agrupadas en cinco apartados: a) Características sociodemográficas (sexo, edad, país), b) Formación académica, general (profesión, nivel educativo, año y universidad de obtención del título) y específica forense (tipo de formación, tipo de institución, año de esa formación y año de la última actualización), c) Práctica profesional forense (ámbito, horas semanales, años, país actual, requisitos mínimos), d) Áreas de evaluación psicológica: para cada área (estado mental al momento del delito, riesgo de violencia general, riesgo de violencia sexual, simulación y daño psicológico) se preguntó por la cantidad de evaluaciones en el último año y la frecuencia de uso de una serie de técnicas seleccionadas ad hoc por área (de 0 = nunca a 4 = muy frecuentemente). Las técnicas fueron propuestas junto a algunos ejemplos de la siguiente manera: entrevista, Test de Rorschach, pruebas proyectivas (por ej., TAT, HTP), inventarios multiescala de personalidad (por ej., MMPI, PAI, MCMI), pruebas neuropsicológicas (por ej., Test de Barcelona, Test de Bender, Test de Wisconsin), técnicas de evaluación cognitiva y de capacidades (por ej., escalas Wechsler), instrumentos actuariales de valoración del riesgo de violencia (por ej., VRAG, COVR), guías de juicio profesional estructurado para la valoración del riesgo de violencia (por ej., HCR-20, SVR-20), listados de evaluación de la psicopatía (por ej., PCL-R, PCL:SV), escalas clínicas de evaluación psicopatológica (por ej., SCL-90, BDI, STAI), técnicas específicas para la evaluación de la simulación (por ej., SIRS, TOMM), instrumentos de evaluación del trastorno por estrés postraumático (por ej., escalas PSS, CAPS-I, SPRINT), otras.

Inicialmente se realizó una prueba piloto con tres profesionales que analizaron aspectos de comprensibilidad o fatiga que pudieran afectar la fiabilidad o validez de las respuestas (Bhattacherjee, 2012). Tras realizar las adecuaciones sugeridas, la encuesta fue difundida por correo electrónico y en redes sociales (Facebook, WhatsApp, LinkedIn e Instagram) desde el 23 de abril al 28 de agosto de 2021. Se realizaron recordatorios periódicos los tres viernes siguientes al lanzamiento, reenviando un e-mail y realizando una nueva publicación en las redes (ver Sánchez Fernández et al., 2009). No fue posible controlar la cantidad de personas que tuvieron contacto efectivo con la encuesta debido a que, por recaudos éticos, no se solicitó la confirmación de recepción del mensaje ni registro de usuario. La encuesta solo podía responderse en una vez, todas las respuestas eran obligatorias para proseguir en la encuesta y siempre se ofrecía la opción de respuesta “no aplica” o similar. Para la administración de la encuesta se siguieron las recomendaciones del protocolo Checklist for Reporting Results of Internet E-Surveys (Eysenbach, 2004).

Consideraciones éticas

El protocolo de este estudio fue evaluado y aprobado por el Comité de Ética del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Nacional de Córdoba con dictamen favorable del 11 de diciembre de 2020. La encuesta se iniciaba con una hoja de información, seguida del formulario de consentimiento informado.

Análisis de datos

Los datos se analizaron con el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS) versión 22. Se realizaron análisis de distribución de frecuencias absolutas y relativas, cuyos resultados se presentan en tablas de contingencias. En las variables intervalares se calcularon la media y desviación típica. Para conocer si las variables presentaban variaciones en su distribución en función de la región se realizaron comparaciones con tablas de contingencia y el cálculo del estadístico Chi-cuadrado para el contraste de la hipótesis de independencia entre los grupos.

Resultados

Formación académica y ejercicio profesional

La Tabla 1 presenta las características académicas de los profesionales. Aproximadamente la mitad de ellos (n = 90) indicaron haber completado una formación específica y acreditada en Psicología Jurídica o en un área relacionada. De ellos, 64 lo hicieron en una universidad y el resto en alguna asociación o institución diferente a una universidad, generalmente asociaciones de profesionales o escuelas de formación dependientes de instituciones jurídicas o policiales. Por otra parte, 47 estaban realizando una formación específica y acreditada al momento de la encuesta, 41 profesionales indicaron realizarla en una universidad y 6 mencionaron instituciones diferentes. Se registró una correlación significativa y negativa entre edad y año en que completó la formación específica y acreditada (r = -.36, p < .001), lo que indica que los más jóvenes tienden a contar con una formación completa y actualizada.

Tabla 1: Características académicas de los participantes

Notas: ^a Menos de 6 meses. ^b Entre 1 y 2 años.

La Tabla 2 informa sobre aspectos del ejercicio profesional. Un 75 % de los encuestados contaban con cinco o más años de ejercicio profesional, e informaron diferentes requisitos para la realización de evaluaciones psicológicas en contextos jurídicos donde ejercían su práctica profesional. El requisito mínimo reportado se asoció con la región del profesional (x²(4) = 13.80, p = .008). Un 17.5 % de los profesionales de Centroamérica reportó que era necesario contar con especialidad o nivel superior, mientras que esa proporción fue de 15.2 % en el resto de Sudamérica y de 7.7 % en Argentina. Notablemente, en ningún caso la totalidad de participantes de un mismo país o región coincidieron en el requisito mínimo requerido. Por el contrario, sus respuestas se dispersaron a lo largo de las diferentes categorías. Aquellos con un nivel educativo más alto tendieron a informar un nivel mínimo requerido más restrictivo (es decir, un mayor grado académico) que el informado por aquellos con un grado académico más bajo (c²(8) = 32.19, p < .001).

Tabla 2: Ejercicio profesional en Salud Mental Forense: años, país y requisitos

Nota: ¹ Para ejercer su actividad profesional en contextos legales de su país, ¿cuál es el requisito académico mínimo indispensable?

Áreas de evaluación

Estado mental al momento del hecho o imputabilidad

Entre quienes realizaron evaluaciones en esta área en el último año (n = 130, 68.1 %), la entrevista fue la técnica más empleada seguida de los inventarios de personalidad (Tabla 3). Hubo variaciones significativas en la frecuencia de uso de las técnicas al considerar las regiones, con una tendencia en Argentina y Sudamérica a emplear pruebas proyectivas, y en Centroamérica a emplear instrumentos estructurados (por ej., inventarios de personalidad, pruebas de evaluación cognitiva, de capacidad, escalas clínicas). Las notas al pie de cada tabla detallan las diferencias encontradas entre regiones.

Tabla 3: Evaluación de estado mental o inimputabilidad: Uso de técnicas en el último año (n = 130)

Notas: JPE: Juicio Profesional Estructurado. Los asteriscos indican diferencias significativas según regiones a nivel de *p < .05 **p < .01 ***p < .001. ^a Uso más frecuente en Argentina, seguida de Sudamérica. ^b Uso más frecuente en Centroamérica, seguida de Sudamérica. ^cUso más frecuente en Centroamérica, seguida de Argentina. La categoría “Muy frecuentemente” es la referencia.

Riesgo de violencia general

Más de dos tercios de los profesionales (n = 138, 72.3 %) habían realizado al menos una evaluación del riesgo de violencia general en el último año. Nuevamente, las técnicas más empleadas fueron la entrevista, seguida de los inventarios de personalidad (Tabla 4). Las guías de juicio profesional estructurado (JPE) para la evaluación del riesgo de violencia son instrumentos específicos para esta tarea, pero su uso se reportó con menor frecuencia que otros instrumentos no específicos, como las pruebas proyectivas y las escalas clínicas. Las variaciones según región fueron similares a las reportadas más arriba, con una preferencia en Argentina y Sudamérica por las técnicas proyectivas y el Rorschach en estas evaluaciones; en contraposición a Centroamérica, cuya preferencia recae en pruebas psicométricas. No obstante, no hubo diferencias entre regiones en la frecuencia de uso de las técnicas específicas para la evaluación del riesgo de violencia (actuariales o de JPE).

Tabla 4: Evaluación del riesgo de violencia general: Uso de técnicas en el último año (n = 138)

Riesgo de violencia sexual

Dos tercios de los participantes indicaron haber realizado la evaluación de riesgo de violencia sexual en el último año (n = 124, 65.8 %). Al igual que en el caso de la violencia general, también aquí se empleó más frecuentemente la entrevista y los inventarios de personalidad (Tabla 5). Los instrumentos específicos (guías de JPE e instrumentos actuariales) fueron empleados menos que los instrumentos no específicos, como las pruebas proyectivas y las escalas clínicas. En relación con las diferencias regionales, se observó la misma tendencia hacia el uso de técnicas proyectivas y Rorschach en Argentina y Sudamérica, y de pruebas psicométricas en Centroamérica.

Tabla 5: Evaluación del riesgo de violencia sexual: Uso de técnicas en el último año (n = 124)

Simulación

Algo más de la mitad de los encuestados realizaron al menos una evaluación de simulación en el último año (n = 99; 51.8 %). Los resultados fueron similares a los reportados para otras áreas de evaluación. Es decir, las técnicas más empleadas fueron la entrevista, seguida de los inventarios de personalidad (Tabla 6). Las técnicas específicas (por ej., TOMM) fueron empleadas con menos frecuencia que instrumentos no específicos, como las escalas clínicas y las pruebas proyectivas. Y, finalmente, las diferencias entre regiones siguen la tendencia reportada en los apartados previos, con la excepción de las pruebas neuropsicológicas que se reportan, por primera vez, más empleadas en Argentina.

Tabla 6: Evaluación de la Simulación: Uso de técnicas en el último año (n = 99)

Notas: JPE: Juicio Profesional Estructurado. Los asteriscos indican diferencias significativas según regiones a nivel de *p < .05 **p < .01 ***p < .001. ^a Uso más frecuente en Argentina, seguida de Sudamérica. ^b Uso más frecuente en Centroamérica, seguida de Sudamérica. ^cUso más frecuente en Centroamérica, seguida de Argentina. ^d Uso más frecuente en Argentina, seguida de Centroamérica. La categoría “Muy frecuentemente” es la referencia.

Daño psicológico

Un total de 138 profesionales (72.3 %) evaluaron daño psicológico en el último año. Los datos muestran los tres hallazgos reportados en tablas previas (Tabla 7): a) un uso predominante de la entrevista, seguida de los inventarios de personalidad, b) un uso más frecuente de técnicas inespecíficas (por ej., escalas clínicas y pruebas proyectivas) en comparación a las técnicas específicas (en este caso, pruebas de evaluación del trastorno por estrés postraumático), y finalmente, c) la preferencia por técnicas proyectivas y el Rorschach en Argentina, en comparación con Centroamérica donde se emplean más frecuentemente las pruebas psicométricas.

Tabla 7: Evaluación del Daño: Uso de técnicas en el último año (n = 138)

Notas: Los asteriscos indican diferencias significativas según regiones a nivel de *p < .05 **p < .01 ***p < .001. ^a Uso más frecuente en Argentina, seguida de Sudamérica. ^b Uso más frecuente en Centroamérica, seguida de Sudamérica. La categoría “Muy frecuentemente” es la referencia.

Discusión

En este estudio se exploran las prácticas de evaluación psicológica en contextos jurídicos en una muestra de profesionales de 10 países de Latinoamérica. Los antecedentes empíricos mostraban diferencias en estas prácticas entre profesionales de países europeos y anglosajones, por un lado (Archer et al., 2006; Lally, 2003; Neal & Grisso, 2014a), y de países latinoamericanos, por el otro (Arbach et al., 2017; Barboni & Bonilla, 2019; Navarro & Gudjonsson, 2008). En éstos últimos, se ha reportado un uso más frecuente de técnicas no estructuradas por sobre las estructuradas, así como una menor especialización académica en el área. En términos generales, las respuestas aportadas por los 191 profesionales que respondieron la encuesta sugieren que estas tendencias se mantienen en la actualidad y que existen diferencias significativas entre países de la región en cuanto al uso preferencial de unas técnicas por sobre otras.

Formación académica específica y ejercicio profesional

La ausencia de una formación específica y acreditada en psicología jurídica (o áreas relacionadas) en aproximadamente un cuarto de los participantes indica que la acreditación de conocimientos específicos para la práctica profesional en este ámbito no es un requisito generalizado en la región (Quintero et al., 2020). No obstante, la confianza exclusiva en la formación de grado puede conllevar sus riesgos, dado que esta tenderá a ser generalista, más que específica (Benito, 2009). De hecho, solo una pequeña proporción de profesionales indicó haber obtenido formación específica en psicología jurídica o áreas relacionadas en su formación de grado. Esto podría estar relacionado con el hecho de que hasta recientemente había una relativa carencia de ofertas específicas de postgrado en esta región (Barboni & Bonilla, 2022; Quintero et al., 2020).

La llamativa reactivación que presentó la psicología jurídica y forense en Estados Unidos y Europa hacia los años 60, y que tuvo un fuerte impulso desde los años 80, promovió la proliferación de asociaciones profesionales, sociedades académicas, congresos y publicaciones periódicas, regulados fundamentalmente por principios de cientificidad (Fariña et al., 2005; Heilbrun, DeMatteo, et al., 2008). Este fenómeno no parece haberse replicado con la misma intensidad y de manera general en Latinoamérica (ver Goldstein et al., 2015).

La evidencia previa indica que aquellos profesionales con mayor confianza en el juicio clínico tendrán menos probabilidad de usar instrumentos, mientras que lo inverso ocurre en quienes priorizan las prácticas basadas en la evidencia y la estandarización de los procesos de evaluación (Neal & Grisso, 2014a). La preferencia por el criterio clínico en la toma de decisiones, en contraposición al modelo basado en la evidencia (ver Ægisdóttir et al., 2006), remite al antecedente directo de los criterios Daubert, conocido como criterio Frye (Frye vs. U.S., 1923), por el cual la admisibilidad de una prueba se establecía a partir de la aceptación general de esta en su ámbito disciplinar. Progresivamente se demostró que este único criterio no era suficiente y se agregaron otros en orden de incrementar la base científica de la prueba. En los últimos años, expertos de otros países han realizado un notable desarrollo de lineamientos para las buenas prácticas de los expertos en evaluación psicológica en contextos jurídicos (Dror & Murrie, 2018; Neal et al., 2022).

Los resultados de esta investigación sugieren que la incorporación de criterios de cientificidad en la evaluación psicológica en ámbitos jurídicos es un proceso en marcha en esta región, dado que los más jóvenes reportaron en mayor proporción contar con formación específica. Esto podría indicar una tendencia en Latinoamérica hacia la especialización profesional acreditable y hacia la regulación de los requisitos necesarios para el ejercicio profesional en este ámbito. Es en este contexto donde las guías de buenas prácticas cobran un rol esencial y, en el ámbito hispanoparlante, España representaría un ejemplo de su desarrollo y aplicación (por ej., APF, 2018; COPC, 2016).

A pesar de las limitaciones encontradas en la formación específica de los profesionales, cuando esta estuvo presente fue bastante reciente (en promedio, ocurrió en los 6 años previos a la encuesta), lo que sugiere un buen nivel de actualización de los profesionales, especialmente de los más jóvenes. No obstante, surge de este hallazgo la interrogante sobre los contenidos curriculares de las ofertas formativas a las que acceden los profesionales y en qué medida estos contemplan los estándares científicos que la disciplina ha alcanzado.

Por otra parte, las respuestas ante la pregunta sobre los requisitos mínimos requeridos para el ejercicio profesional en ámbitos jurídicos de cada país fueron variables, incluso entre profesionales de un mismo país. El hallazgo señala una necesidad de establecer, comunicar y regular con precisión los requisitos mínimos para el ejercicio profesional en esta área de gran especificidad disciplinar. Por esta especificidad y por sus implicancias deontológicas, esta información debería ser conocida por los profesionales de manera unívoca (APA, 2013). Lo contrario deja lugar a prácticas y creencias sesgadas, tal como lo indica el hallazgo que muestra que aquellos con mayor nivel educativo (por ej., máster o doctorado) tendieron a reportar mayores exigencias para el ejercicio profesional.

Las prácticas de evaluación psicológica en contextos jurídicos

Con mayores o menores niveles de formación especializada, entre un 40 y un 60 % de los encuestados realizaban evaluaciones sobre las áreas analizadas. Las más frecuentes fueron las evaluaciones del riesgo de violencia general y de daño psicológico, seguidas por las evaluaciones del estado mental al momento del hecho o inimputabilidad. Prácticamente la totalidad de los encuestados indicaron emplear la entrevista como recurso de evaluación en todas las áreas. Dado que no se indagó si se trata de entrevistas abiertas o semiestructuradas, sería de interés en estudios futuros explorar el nivel de estructura empleado en esas entrevistas y de qué manera es establecido. Esto resulta fundamental pues, en general, los instrumentos propuestos en esta encuesta no se acompañan de una guía de entrevista y tampoco se requiere, de manera vinculante, la acreditación para su uso. Esto puede poner en duda la fiabilidad de los datos recogidos en las evaluaciones, a la vez que podría explicar la falta de cualificación del evaluador reportada en algunos estudios (Ireland, 2012; Muñoz Vicente & López Ossorio, 2016).

En general, las técnicas empleadas con mayor frecuencia en las áreas de evaluación aquí exploradas fueron las mismas. Esto es, la entrevista en un prominente primer lugar, seguida de los inventarios multiescala de personalidad, las técnicas proyectivas y las escalas clínicas, respectivamente. Solo en la evaluación del estado mental, las técnicas neuropsicológicas se ubicaron sobre las escalas clínicas. En conjunto, el hallazgo señala el uso en ámbitos jurídicos de técnicas originalmente diseñadas para el ámbito clínico. Aunque las diferencias entre estos ámbitos y las implicancias de ellas han sido señaladas históricamente (Echeburúa et al., 2011; Greenberg & Shuman, 1997; Heilbrun, 1992), la elección de instrumentos reportada en esta encuesta indica que en Latinoamérica el uso de técnicas específicas para el ámbito jurídico es limitado. Por ejemplo, en la evaluación del riesgo de violencia, tanto general como sexual, se observó una mayor preferencia por el uso de inventarios de personalidad, pruebas proyectivas y escalas clínicas, en contraposición a los instrumentos actuariales y las guías de juicio profesional estructurado que son específicas para estas evaluaciones. Estas prácticas podrían estar basadas en marcos teóricos donde predominen las clásicas concepciones psiquiátricas o psicopatológicas de la peligrosidad que consideran la violencia como un emergente de una alteración mental o un rasgo particular de personalidad (Andrés Pueyo & Arbach, 2014). Un estudio previo soporta esta idea (Arbach et al., 2017), y lo aquí encontrado parece demostrar que eso no se ha modificado sustancialmente. Lo anterior ocurre a pesar de la evidencia existente sobre las buenas propiedades psicométricas que las herramientas específicas de evaluación del riesgo de violencia han demostrado en muestras de población latinoamericana (Arbach & Folino, 2021; E. Folino & Arbach, 2021; J. Folino, 2015).

La preferencia por herramientas genéricas, más que específicas, también se observó en la evaluación de la simulación. Es decir, aquellos instrumentos específicamente diseñados para la tarea y el contexto no son una opción preferencial de los profesionales. En el caso de la evaluación del daño, los resultados son algo más alentadores, pues una proporción mayor de profesionales indicó usar muy frecuentemente herramientas para evaluar el trastorno por estrés postraumático. No obstante, también en este caso las escalas clínicas (genéricas) son empleadas con más frecuencia que los instrumentos específicos. Este hallazgo contrasta con las recomendaciones de buenas prácticas psicológicas que se han generado para los ámbitos jurídicos (Heilbrun, DeMatteo, et al., 2008).

A pesar de las comunalidades descritas en la frecuencia de uso de instrumentos, se observaron variaciones según la región que mostró un patrón similar entre las diferentes áreas de evaluación. Las técnicas proyectivas y el Rorschach fueron reportadas más frecuentemente por profesionales de Argentina, seguidos de Sudamérica. En contraposición, los profesionales de Centroamérica reportaron usar con más frecuencia pruebas psicométricas. Este hallazgo sugiere la influencia de la perspectiva psicodinámica en los primeros (Klappenbach, 2015), y una práctica basada en la evidencia en los segundos. Este hallazgo podría obedecer tanto a razones históricas referidas a la formación de los psicólogos en los distintos países de la región como geográficas, pues los países del norte de Latinoamérica mostraron prácticas de evaluación similares a las reportadas en encuestas previas por los profesionales de países del norte de América y de Europa (por ej., Archer et al., 2006; Lally, 2003; Neal & Grisso, 2014a).

Limitaciones y futuras líneas

Este estudio emplea un muestreo no probabilístico y, por lo tanto, no es posible la generalización de sus resultados más allá de la población en estudio (Eysenbach, 2004). No obstante, al ser la primera encuesta en la que participan profesionales de tantos países de la región, y al ser sus datos consistentes con los hallazgos previos, los resultados pueden ser útiles en la generación de hipótesis cuyo contraste permita mejorar el entendimiento de las prácticas de evaluación en la región y adecuarlas, en la medida en que fuera necesario, a los conocimientos científicos actuales.

A su vez, el estudio no escapa a ciertos sesgos propios de las encuestas realizadas en Internet. Uno de ellos se relaciona con sesgos en la representatividad de la muestra. Al emplear listas de contactos personales, la gran mayoría de la muestra son profesionales geográficamente cercanos a los autores. De hecho, siete países de Latinoamérica no fueron representados en esta encuesta y sería recomendable incluirlos en futuros estudios a fin de favorecer la generalización de las comparaciones transnacionales. El sesgo de autoselección también pudo haber influenciado en la participación aumentando la representación de personas con inquietudes sobre el tema. Por el contrario, el efecto autoselectivo puede estar contrarrestado por la participación de personas que, aunque no cumplieran estrictamente los criterios de inclusión, hayan decidido igualmente responder la encuesta. Es difícil saber de qué manera esto pudo haber impactado en los resultados, y creemos que esto conforma un interesante tema de exploración futura.

Conclusiones

Los códigos deontológicos y las guías de buenas prácticas sirven para adecuar la discrecionalidad de los profesionales a los estándares científicos y éticos que regulan la disciplina. Estas regulaciones cobran suma relevancia cuando el resultado de la práctica profesional tiene la potencialidad de incidir en decisiones que afectan los derechos fundamentales de las personas.

Ante la evidencia que indica que los profesionales de la salud mental que trabajan en ámbitos jurídicos, incluso los más expertos, no escapan a los sesgos propios del juicio humano (Neal & Grisso, 2014b; Zapf et al., 2018), son necesarias acciones formativas internas y regulaciones técnicas y deontológicas externas que los contrarresten (Dror, 2016). Estas acciones han sido definidas para los contextos anglosajones (Neal et al., 2019) y es un desafío a futuro su definición para la región latinoamericana. Los resultados de esta encuesta representan un primer paso en esta tarea y, por ejemplo, indican la importancia de difundir en esta región, pero especialmente en los países del sur, conocimientos sobre instrumentos específicos para ámbitos jurídicos. Lo anterior debería ocurrir conjuntamente con otras condiciones, entre ellas: a) la generación de instancias de entrenamiento acreditadas, b) la mejora de la accesibilidad a los instrumentos adecuando sus costos a economías muy desfavorecidas en relación con aquellas donde se desarrollan y publican, c) la promoción de la investigación sobre sus propiedades psicométricas en la población local, y, finalmente, d) la inversión de cada país en estrategias de transferencia de los conocimientos resultantes desde los grupos de investigación hacia las administraciones de justicia. Con respecto a las segundas, destaca la importancia de promover prácticas de trabajo que minimicen el error predictivo, y que contemplen las garantías procesales y judiciales, así como los derechos fundamentales de las personas.

Referencias:

Ægisdóttir, S., White, M. J., Spengler, P. M., Maugherman, A. S., Anderson, L. A., Cook, R. S., Nichols, C. N., Lampropoulos, G. K., & Walker, B. S. (2006). The meta-analysis of clinical judgment project: Fifty-six years of accumulated research on clinical versus statistical prediction. The Counseling Psychologist, 34(3), 341-382. https://doi.org/10.1177/0011000005285875

American Psychological Association. (2013). Specialty guidelines for forensic psychology. American Psychologist, 68(1), 7-19. https://doi.org/10.1037/a0029889

Andrés Pueyo, A., & Arbach, K. (2014). Peligrosidad y valoración del riesgo de violencia en contextos forenses. En E. García-López (Ed.), Psicopatología Forense: Comportamiento Humano y Tribunales de Justicia (pp. 505-525). Manual Moderno.

Asociación de Psicólogos Forenses de la Administración de Justicia. (2018). Evaluación Psicológica Forense de los abusos y maltratos a niños, niñas y adolescentes. Guía de buenas prácticas. https://copmelilla.org/descargas/pdf/guiebuenaspracticasymaltratoinfantil.pdf

Australian Psychological Society. (2014). Ethical guidelines for psychological practice in forensic contexts. http://afccnet.org.au/wp-content/uploads/2019/12/Handout-5-Ethical-guideline-forensic.pdf

Arbach, K., Bondaruk, A., Carubelli, S., Palma, F., & Singh, J. P. (2017). Evaluación forense de la peligrosidad: Una aproximación a las prácticas profesionales en Latinoamérica. Psiencia: Revista Latinoamericana de Ciencia Psicológica, 9(1), 1-15. https://doi.org/10.5872/psiencia/9.1.23

Arbach, K., & Folino, J. (2021). La valoración del riesgo de reincidencia en imputados por violencia contra la pareja: Un estudio longitudinal con la Guía SARA. Anuario de Psicología Jurídica, 31, 35-44. https://doi.org/10.5093/apj2021a4

Archer, R. P., Buffington-Vollum, J. K., Stredny, R. V., & Handel, R. W. (2006). A Survey of Psychological Test Use Patterns Among Forensic Psychologists. Journal of Personality Assessment, 87(1), 84-94. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa8701_07

Arellano, L. A., & Rivera Heredia, M. E. (2021). Dilemas éticos en la práctica psicológica forense: Revisión sistemática y análisis bibliométrico. Psicumex, 11, 1-29. https://doi.org/10.36793/psicumex.v11i2.380

Barboni, L., & Bonilla, N. (2019). Instrumentos de evaluación psicológica en el ámbito jurídico: una aproximación a las prácticas profesionales en Uruguay. Revista Criminalidad, 61(2), 133-144.

Barboni, L., & Bonilla, N. (2022). Estudio de mercado de ofertas de postgrado en Psicología Jurídica y Forense en Latinoamérica. Universidad Católica de Uruguay.

Benito, E. (2009). La formación en Psicología: revisión y perspectivas. PSIENCIA. Revista Latinoamericana de Ciencia Psicológica, 1(2), 3-10.

Bhattacherjee, A. (2012). Social science research: Principles, methods, and practices. En Textbooks Collection. University of South Florida.

Bonventre, C. L. (2021). Wrongful convictions and forensic science. WIREs Forensic Science, 3(4). https://doi.org/10.1002/wfs2.1406

Borum, R., & Grisso, T. (1995). Psychological test use in criminal forensic evaluations. Professional Psychology: Research and Practice, 26(5), 465-473. https://doi.org/10.1037/0735-7028.26.5.465

Combalbert, N., Andronikof, A., Armand, M., Robin, C., & Bazex, H. (2014). Forensic mental health assessment in France: Recommendations for quality improvement. International Journal of Law and Psychiatry, 37(6), 628-634. https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2014.02.037

Colegio Oficial de Psicólogos de Catalunya. (2016). Guía de buenas prácticas para la evaluación psicológica forense y la práctica pericial. https://arxiu.copc.cat/adjuntos/adjunto_68/v/Guia Bones Pràctiques Forenses.pdf?tm=1494424276

Daubert vs. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc. (1993). 509 U.S. 579, 113 S. Ct. 2786, 125 L. Ed. 2d 469.

Dror, I. E. (2016). A hierarchy of expert performance. Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 1-6. https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2016.03.001

Dror, I. E., & Murrie, D. C. (2018). A hierarchy of expert performance applied to forensic psychological assessments. Psychology, Public Policy, and Law, 24(1), 11-23. https://doi.org/10.1037/law0000140

Duce, M. (2018a). Prueba pericial y su impacto en los errores del sistema de justicia penal: antecedentes comparados y locales para iniciar el debate. Ius et Praxis, 24(2), 223-262.

Duce, M. (2018b). Una aproximación empírica al uso y prácticas de la prueba pericial en el proceso penal Chileno a la luz de su impacto en los errores del sistema. Política Criminal, 13(25), 42-103.

Echeburúa, E., Muñoz, J. M., & Loinaz, I. (2011). La evaluación psicológica forense frente a la evaluación clínica: Propuestas y retos de futuro. International Journal of Clinical and Health Psychology, 11(1), 141-159.

Eysenbach, G. (2004). Improving the quality of web surveys: The Checklist for Reporting Results of Internet E-Surveys (CHERRIES). Journal of Medical Internet Research, 6(3), e34. https://doi.org/10.2196/jmir.6.3.e34

Fariña, F., Arce, R., & Seijo, D. (2005). Historia de la Psicología Jurídica en América y Europa. En R. Arce, F. Fariña, & M. Novo (Eds.), Psicología Jurídica. Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local.

Folino, E., & Arbach, K. (2021). Valoración del riesgo de violencia en pacientes forenses con el HCR-20V3: Análisis de fiabilidad interevaluador y validez concurrente. Vertex Revista Argentina de Psiquiatría, 32(151), 32-44. https://doi.org/10.53680/vertex.v32i151.23

Folino, J. (2015). Predictive efficacy of violence risk assessment instruments in Latin-America. The European Journal of Psychology Applied to Legal Context, 7(2), 51-58. https://doi.org/10.1016/j.ejpal.2014.11.006

Frye vs. U.S. (1923). 293 F. 1013. (D.C. Cir. 1923).

Garrett, B. L., & Neufeld, P. J. (2009). Invalid forensic science testimony and wrongful convictions. Virginia Law Review, 95(1), 1-97.

Garrido Gaitán, E., Lovelle Iglesias, M. I., Mora Montserrat, S., & Pina Ríos, R. (2023). Guía ética y de buenas prácticas en Psicología Forense aplicada al ámbito penal. Collegi Oficial de Psicologia de Catalunya.

Goldstein, N. E. S., Houck, M. J., & Folino, J. (2015). Tópicos actuales de la investigación internacional sobre riesgo de violencia. Revista Criminalidad, 57(1), 27-43.

Greenberg, S. A., & Shuman, D. W. (1997). Irreconcilable conflict between therapeutic and forensic roles. Professional Psychology: Research and Practice, 28, 50-57. https://doi.org/10.1037/0735-7028.28.1.50

Grisso, T. (2010). Guidance for improving forensic reports: A review of common errors. Open Access Journal of Forensic Psychology, 2, 102-115.

Hare, R. (2003). The Hare Psychopathy Checklist - Revised Manual (2^a ed.). Multi-Health Systems, Inc.

Hathaway, S. R. (1982). Minnesota Multiphasic Personality Inventory. University of Minnesota.

Heilbrun, K. (1992). The role of psychological testing in forensic assessment. Law and Human Behavior, 16(3), 257-272. https://doi.org/10.1007/BF01044769

Heilbrun, K., DeMatteo, D., Marczyk, G., & Goldstein, A. M. (2008). Standards of practice and care in forensic mental health assessment: Legal, Professional, and Principles-Based Considerations. Psychology, Public Policy, and Law, 14(1), 1-26. https://doi.org/10.1037/1076-8971.14.1.1

Heilbrun, K., Grisso, T., & Goldstein, A. (2008). Foundations of forensic mental health assessment. Oxford University Press.

Hill, D., & Demetrioff, S. (2019). Clinical-forensic psychology in Canada: A survey of practitioner characteristics, attitudes, and psychological assessment practices. Canadian Psychology / Psychologie canadienne, 60(1), 55-63. https://doi.org/10.1037/cap0000152

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2016). Guía de evaluación psicológica forense en casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y en otros casos de violencia. Ministerio Público. Fiscalía de la Nación. Lima, Perú. https://img.legis.pe/wp-content/uploads/2016/09/«Guía-de-Evaluación-Psicológica-Forense-en-caso-de-violencia-contra-las-mujeres-y-los-integrantes-del-grupo-familiar-y-en-otros-casos-de-violencia»-Legis.pe_.pdf

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2010). Guía para la realización de pericias psiquiátricas y psicológicas forenses mediante autopsia psicológica en la determinación de la manera de muerte (suicida, homicida o accidental). www.medicinalegal.gov.co/%0Adocuments/20143/40473/Guía+para+la+rea%0Alización+de+pericias+psiquiátricas%0A+o+psicológicas+forenses+mediante+autops%0Aia+psicológica+en+la+determinació%0An+de+la+manera+de+muerte+suicida%2C+homida+.%0Apdf/3e166326-5933-7734-

Ireland, J. (2012). Evaluating expert witness psychological reports: Exploring quality. Summary report (February). University of Central Lancashire. www.ccats.org.uk/images/Expert%2520Witness.pdf

Juárez, J. R., & Lira Mendiguren, G. (2020). Buenas prácticas, tensiones y desafíos ético-deontológicos en la evaluación psicológica forense del maltrato y abuso sexual infantil. Revista de Bioética y Derecho: Perspectivas Bioéticas, 49, 41-58.

Klappenbach, H. (2015). La formación universitaria en psicología en Argentina: Perspectivas actuales y desafíos a la luz de la historia. Universitas Psychologica, 14(3), 937-960. https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy14-3.fupa

Lally, S. J. (2003). What tests are acceptable for use in forensic evaluations? A survey of experts. Professional Psychology: Research and Practice, 34(5), 491-498. https://doi.org/10.1037/0735-7028.34.5.491

Montero, I., & León, O. O. G. (2007). A guide for naming research studies in Psychology. International Journal of Clinical and Health Psychology, 7, 847-862.

Morey, L. C. (1991). Personality Assessment Inventory: Professional manual. Psychological Assessment Resources.

Muñoz Vicente, J. M., & López Ossorio, J. J. (2016). Valoración psicológica del riesgo de violencia: Alcance y limitaciones para su uso en el contexto forense. Anuario de Psicología Jurídica, 26(1), 130-140. https://doi.org/10.1016/j.apj.2016.04.005

National Research Council. (2009). Strengthening Forensic Science in the United States: A Path Forward. The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/12589

Navarro, J., & Gudjonsson, G. H. (2008). Chilean psychologists as expert witnesses: The challenges of a new criminal justice system. Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, 19(2), 249-260. https://doi.org/10.1080/14789940701692324

Neal, T., & Grisso, T. (2014a). Assessment practices and expert judgment methods in forensic psychology and psychiatry: An international snapshot. Criminal Justice and Behavior, 41(12), 1406-1421. https://doi.org/10.1177/0093854814548449

Neal, T., & Grisso, T. (2014b). The cognitive underpinnings of bias in forensic mental health evaluations. Psychology, Public Policy, and Law, 20(2), 200-211. https://doi.org/10.1037/a0035824

Neal, T. M. S., Slobogin, C., Saks, M. J., Faigman, D. L., & Geisinger, K. F. (2019). Psychological assessments in legal contexts: Are courts keeping “junk science” out of the courtroom? Psychological Science in the Public Interest, 20(3), 135-164. https://doi.org/10.1177/1529100619888860

Neal, T., Martire, K. A., Johan, J. L., Mathers, E. M., & Otto, R. K. (2022). The law meets psychological expertise: Eight best practices to improve forensic psychological assessment. Annual Review of Law and Social Science, 18, 169-192.

Otto, R. K., DeMier, R., & Boccaccini, M. T. (2014). Forensic reports and testimony: A guide to effective communication for psychologists and psychiatrists. Wiley.

Paulhus, D. (1998). Paulhus Deception Scales (PDS): The Balanced Inventory of Desirable Responding-7: User’s Manual. Multi-Health Systems, Inc.

President’s Council of Advisors on Science and Technology. (2016). Forensic Science in Criminal Courts: Ensuring Scientific Validity of Feature-Comparison Methods. https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/PCAST/pcast_forensic_science_report_final.pdf

Quijada, D. (2011). Aportes al debido proceso penal en evaluación pericial psicológica y psiquiátrica a imputados en delitos sexuales: ¿Existe relación de coherencia entre solicitud y respuesta pericial? (Trabajo de maestría, Universidad Diego Portales). https://cejamericas.org/wp-content/uploads/2020/09/DQUIJADA_existerelaciondecoherenciaentresolicitudyrespuestapericial.pdf

Quinsey, V. L., Harris, G. T., Rice, M. E. M. E., Cormier, C. A., Quinsey, V. L., & Cormier, C. A. (2006). Violent offenders: Appraising and managing risk (3^a ed.). American Psychological Association.

Quintero, L. M., García-López, E., & Mercurio, E. (2020). Training in Legal and Forensic Psychology in Hispan-America. En J. Rich, A. Padilla López, L. Ebersöhn, J. Taylor, & S. Morrissey (Eds.), Teaching Psychology around the World: Volume 5 (pp. 19-33). Cambridge Scholars Publishing.

Sánchez Fernández, J., Muñoz Leiva, F., & Montoro Ríos, F. (2009). ¿Cómo mejorar la tasa de respuesta en encuestas on line? Revista de Estudios Empresariales. Segunda Época, 1, 45-62.

Singh, J. P., Condemarín, C., & Folino, J. (2013). El uso de instrumentos de riesgo de violencia en Argentina y Chile. Revista Criminalidad, 55(3), 279-290.

Singh, J. P., Desmarais, S. L., Hurducas, C., Arbach, K., Condemarín, C., Dean, K., Doyle, M., Folino, J. O., Godoy-Cervera, V., Grann, M., Ho, R. M. Y., Large, M. M., Nielsen, L. H., Pham, T. H., Rebocho, M. F., Reeves, K. a., Rettenberger, M., de Ruiter, C., Seewald, K., & Otto, R. K. (2014). International Perspectives on the Practical Application of Violence Risk Assessment: A Global Survey of 44 Countries. International Journal of Forensic Mental Health, 13(3), 193-206. https://doi.org/10.1080/14999013.2014.922141

Tombaugh, T. (1996). Test of Memory Malingering (TOMM). Multi-Health Systems.

Webster, C. D., Douglas, K. S., Eaves, D., & Hart, S. D. (1997). HCR-20: Assessing risk for violence, version 2. Mental Health, Law, and Policy Institute, Simon Fraser University.

Wechsler, D. (1981). WAIS-R: Wechsler adult intelligence scale-revised. Psychological Corporation.

Younan, M., & Martire, K. A. (2021). Likeability and expert persuasion: Dislikeability reduces the perceived persuasiveness of expert evidence. Frontiers in Psychology, 12(December), 1-16. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.785677

Young, G. (2016). Psychiatric/ psychological forensic report writing. International Journal of Law and Psychiatry, 49, 214-220. https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2016.10.008

Zapf, P. A., Kukucka, J., Kassin, S. M., & Dror, I. E. (2018). Cognitive bias in forensic mental health assessment: Evaluator beliefs about its nature and scope. Psychology, Public Policy, and Law, 24(1), 1-10. https://doi.org/10.1037/law0000153

Financiamiento: Este proyecto se financió parcialmente con fondos del Proyecto Consolidar, asignado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba, Res. SECyT 2018 – n.^o 411.

Disponibilidad de datos: Los datos de esta investigación están disponibles únicamente vía contacto con la autora de correspondencia.

Cómo citar: Arbach, K., Barboni, L., & Mercurio, E. (2024). Prácticas de evaluación psicológica en ámbitos jurídicos: Una encuesta a profesionales de Latinoamérica. Ciencias Psicológicas, 18(1), e-3652. https://doi.org/10.22235/cp.v18i1.3652

Contribución de los autores (Taxonomía CRediT): 1. Conceptualización; 2. Curación de datos; 3. Análisis formal; 4. Adquisición de fondos; 5. Investigación; 6. Metodología; 7. Administración de proyecto; 8. Recursos; 9. Software; 10. Supervisión; 11. Validación; 12. Visualización; 13. Redacción: borrador original; 14. Redacción: revisión y edición.

K. A. ha contribuido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14; L. B. en 1, 5, 8, 13, 14; E. M. en 1, 5, 8, 13, 14.

Editora científica responsable: Dra. Cecilia Cracco.

10.22235/cp.v18i1.3652

Original Articles

Psychological assessment practices in legal contexts: A survey to professionals from Latin-America

Prácticas de evaluación psicológica en ámbitos jurídicos: Una encuesta a profesionales de Latinoamérica

Práticas de avaliação psicológica em âmbitos jurídicos: Uma pesquisa com profissionais da América Latina

Karin Arbach¹, ORCID 0000-0003-1753-4693

Lucía Barboni², ORCID 0000-0002-1853-8525

Ezequiel Mercurio³, ORCID 0000-0002-0521-6981

¹ Universidad Nacional de Córdoba; Conicet, Argentina, k_arbach@unc.edu.ar

² Universidad Católica del Uruguay, Uruguay

³ Defensoría General de la Nación Argentina, Argentina

Abstract:

Keywords: psychological assessment, legal field; mental state; risk of violence; simulation; psychological harm; Latin America.

Resumen:

Palabras clave: evaluación psicológica; ámbito jurídico; estado mental; riesgo de violencia; simulación; daño psicológico; Latinoamérica.

Resumo:

Palavras-chave: avaliação psicológica; contexto jurídico; estado mental; risco de violência; simulação; dano psicológico; América Latina.

Received: 25/08/2023

Accepted: 24/04/2024

The psychological assessment required in legal settings offers specific knowledge that differs from that of judges and juries (Younan & Martire, 2021) and of clinical-care contexts (Arellano & Rivera Heredia, 2021; Echeburúa et al., 2011). The techniques employed in these assessments, as well as the results derived by experts from their use, must be relevant and reliable in relation to the question they address, since they influence judicial decisions that affect individual liberties and public safety (Bonventre, 2021; Garrett & Neufeld, 2009).

Through qualitative reviews and analysis of legal documents, studies have identified certain critical points of psychological assessments in legal contexts in, for example, the United States, England, and Spain (Grisso, 2010; Ireland, 2012; Muñoz Vicente & López Ossorio, 2016). These include the absence of underlying psychological theories, the use of psychometric tests that are designed for other contexts, accusations that are interpreted as facts, evaluators with limited qualifications, a failure to specify the technical criteria followed and the limitations of the assessment, the absence of collateral sources of information, and the use of inappropriate language. In Chile, papers have also been published questioning the reliability and validity of certain expert opinions, and the level of specialization and training of the experts (Duce, 2018a, 2018b; Quijada, 2011).

With the aim of reducing these limitations, some countries have established regulations to ensure the scientific rigor of the evidence admitted in judicial proceedings (National Research Council, 2009; President's Council of Advisors on Science and Technology, 2016). In the United States, the Daubert criteria guide the admissibility of expert testimony based on compliance with the following conditions (Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 1993): a) the method used by the expert must have empirical support, b) the error rate of the method used must be known (either effectively or potentially), c) the methodology used must be supported by peer-reviewed publications in scientific journals, and d) be generally accepted by the scientific community. The latter criterion, known as Frye, was the only one used for decades prior to the definition of the Daubert criteria (Frye v. U.S., 1923).

Guidelines have also been generated to establish good practices in psychological assessment in legal settings (American Psychological Association (APA), 2013; Australian Psychological Society, 2014). These guide the work of professionals through unified, revisable criteria that promote the quality and homogeneity of practices in an environment in which methodological and scientific precision and rigor are essential for ethical and reliable practice (APA, 2013). Likewise, numerous international publications establish recommendations and quality criteria applicable to professional practice in legal settings (e.g., Combalbert et al., 2014; Grisso, 2010; Heilbrun, Grisso, et al., 2008; Juárez & Lira Mendiguren, 2020; Otto et al., 2014; Young, 2016). In the Spanish-speaking context, there are significant contributions from Spain (e.g., Asociación de Psicólogos Forenses de la Administración de Justicia (APF), 2018; Colegio Oficial de Psicólogos de Catalunya (COPC), 2016; Garrido Gaitán et al., 2023) and, in Latin America, several institutions have published their own work protocols related to the legal and social contexts of each country (e.g., Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2016 in Peru; Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2010 in Colombia).

Studies on psychological assessment practices in legal settings

Over the past three decades, studies have been conducted that administer surveys to samples of professionals to determine the extent to which their practices conform to these protocols and guidelines. One of the most referenced surveys was conducted in the mid-1990s with a sample of 200 forensic psychologists and psychiatrists in the United States (Borum & Grisso, 1995). The most used techniques were intelligence and cognitive tests, mainly the Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS; Wechsler, 1981), and objective personality tests, primarily the Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI; Hathaway, 1982). About a quarter of the professionals reported using projective tests. Some years later, in another US survey, more than 80 % of a sample of 64 accredited forensic psychologists considered that, while psychometric tests such as the WAIS and MMPI scales were acceptable and recommended in assessments in legal contexts, projective techniques were unacceptable, and between 52 % and 63 % included the Rorschach test as unacceptable (Lally, 2003).

A few years later, 152 doctoral graduates with an average of 15 years in forensic practice responded to an Internet survey on the frequency of use of 10 types of psychological tests in forensic assessments (Archer et al., 2006). The results were consistent with those reported in previous surveys, with multiscale personality inventories and cognitive and performance tests being the most used techniques (by 86 % and 82 % of respondents, respectively), followed by specific simulation tests (72 %). The least used techniques were unstructured personality tests, with only 36 % using these, mostly the Rorschach test (Archer et al., 2006).

After two decades of development and the wide dissemination of specific techniques for structured violence risk assessment, the first web-based survey exploring their use was conducted in late 2012 among 2,135 forensic mental health professionals of 44 countries (Singh et al., 2014). More than half (54 %) reported performing these assessments using a specific technique, either actuarial or structured professional judgment (SPJ), but this proportion varied significantly across regions. Asian and South American professionals reported the lowest proportion of assessments using specific techniques. The HCR-20 Guide for Risk Assessment of Violent Behavior (Webster et al., 1997) and the Psychopathy Checklists (PCL; Hare, 2003) were those most used in all regions.

In the last decade, surveys of experts in forensic psychology and psychiatry in high-income countries (e.g., United States, Canada, Australia, New Zealand and several European countries) show a steady increase in the use of structured techniques and in the number of techniques employed, with a sustained preference for versions of the MMPI and the progressive incorporation of the Personality Assessment Inventory (PAI; Morey, 1991) (Neal & Grisso, 2014b). An increase in the use of techniques specifically developed for legal settings has also been reported in these regions. For example, a survey in Canada found that between 33 % and 50 % of a total of 110 psychologists employed specific forensic techniques when assessing response styles, such as the Test of Simulated Memory Problems (TOMM; Tombaugh, 1996), and the Paulhus Deception Scales (PDS; Paulhus, 1998). Between 50 % and 67 % employed actuarial and structured professional judgment techniques, such as the HCR-20 and the Violence Risk Assessment Guide (VRAG; Quinsey et al., 2006) for violence risk assessments (Hill & Demetrioff, 2019).

Surveys of psychological assessment practices in legal contexts have also been conducted in Latin America. In 2006, 167 forensic psychologists in Chile with an average of 4.3 years in practice responded to an online survey. Seventy-five percent reported having received no specific forensic training before working in this area, and 25 % had still not received any at the time of the survey. As reported by professionals from Anglo-Saxon countries, here too the technique most used in assessments was the interview (99 % used it), with projective techniques in second place (97 % used them). Psychometric instruments were used by half of the professionals, and only 1 out of 5 used assessment instruments specific to the legal field (Navarro & Gudjonsson, 2008).

Another study from the region reported data for Argentina and Chile obtained from an international survey by Singh et al. (2014). Professionals reported employing specific violence risk assessment tools in approximately half (53 %) of the violence risk assessments they conducted (Singh et al., 2013). This survey used closed-ended questions mentioning specific instruments designed and validated in other countries, and this may have generated a social desirability bias in the responses. To counteract this possibility and to deepen the theoretical frameworks underlying technique selection, a new survey with open-ended questions was designed and subsequently categorized, which was answered by 71 forensic psychologists of Latin America (Arbach et al., 2017). The responses indicated a more frequent use of projective techniques for violence risk assessment, at the expense of the use of specific instruments for this task. Finally, in a survey of 30 professionals working in the field of legal psychology in Uruguay, the majority (86 %) reported using projective tests while only 21 % used specific violence risk assessment instruments (Barboni & Bonilla, 2019).

In summary, the studies reviewed reveal a gradual shift in the context of high-income countries toward the adoption of structured and specific psychological assessment tools in various areas that are relevant to legal contexts (Archer et al., 2006; Borum & Grisso, 1995; Hill & Demetrioff, 2019). This shift responds to a growing understanding of the importance of grounding professional practice in methodologies with demonstrable accuracy and validity, especially in situations where decisions may have a massive impact on the lives of those involved (Lally, 2003). This change seems more evident in North American and European countries, but, in Latin America, the use of unstructured and nonspecific instruments predominates, mainly using projective techniques (Arbach et al., 2017; Barboni & Bonilla, 2019; Navarro & Gudjonsson, 2008).

It may be beneficial for mental health professionals in legal settings, who must decide daily on the techniques to be used, to keep their knowledge of these practices up to date, as well as for judges and prosecutors, by informing them to what extent local practices align (or do not align) with the scientific criteria that typically regulate the admissibility of evidence provided by psychologists in other legal contexts. For this reason, the present study aims to update the evidence on the usual assessment practices of Latin American psychological professionals in five areas of legal relevance previously studied (e.g., Arbach et al., 2017; Archer et al., 2006; Lally, 2003): mental state at the time of the crime, risk of general violence, risk of sexual violence, simulation, and psychological harm.

Materials and methods

Research design

An empirical, quantitative, descriptive, ex post facto, cross-sectional study, using a survey and a non-probabilistic sample (Montero & León, 2007).

Participants

The participants in this study were 191 psychologists practicing in any Latin American country who voluntarily responded anonymously to an Internet survey, 76.4 % of whom were women (n = 146). The mean age was 42.08 years (SD = 9.34), ranging from 23 to 74 years with no significant differences in age by sex (t(61.51) = -0.46, p = .650). Professionals from 10 Latin American countries participated in the survey. For comparative analysis purposes, the countries were grouped into three regions: Argentina was kept as a single region because it was the country with the highest number of participants. The remaining countries were grouped as follows: Rest of South America (in brackets the number of participants per country) (Venezuela (1), Uruguay (18), Chile (11), Colombia (6), Peru (5), Ecuador (5)); and Central America (Guatemala (1), Costa Rica (28), Mexico (11)).

Procedure and materials

The survey was designed in the Google Forms platform and consisted of direct closed-answer questions grouped into five sections: a) Sociodemographic characteristics (sex, age, country), b) General academic training (profession, educational level, year, and university where degree was obtained), c) Forensic-specific training (type of training, type of institution, year of that training, and year of last update), d) Forensic professional practice (field, hours per week, years, current country, minimum requirements), e) Psychological assessment areas: For each area (mental state at the time of the crime, risk of general violence, risk of sexual violence, simulation and psychological harm), we asked about the number of assessments in the last year and the frequency of use of a series of techniques selected ad hoc for each area (from 0 = never to 4 = very frequently). The techniques were proposed along with examples, as follows: interview, Rorschach test, projective tests (e.g., TAT, HTP), multiscale personality inventories (e.g., MMPI, PAI, MCMI), neuropsychological tests (e.g., Barcelona Test, Bender Test, Wisconsin Test), cognitive and ability assessment techniques (e.g., Wechsler scales), actuarial instruments for violence risk assessment (e.g., VRAG, COVR), structured professional judgment guides for violence risk assessment (e.g. HCR-20, SVR-20), psychopathy assessment checklists (e.g. PCL-R, PCL:SV), clinical psychopathological assessment scales (e.g. SCL-90, BDI, STAI), specific techniques for the assessment of simulation (e.g., SIRS, TOMM), post-traumatic stress disorder assessment instruments (e.g., PSS scales, CAPS-I, SPRINT), and others.

Initially, a pilot test was conducted with three professionals who analyzed aspects of comprehensibility or fatigue that could affect the reliability or validity of the responses (Bhattacherjee, 2012). After the adjustments suggested, the survey was disseminated via email and on social networks (Facebook, WhatsApp, LinkedIn and Instagram) from April 23 to August 28, 2021. Periodic reminders were sent on the three Fridays following the launch, forwarding an e-mail, and making a new publication in the networks (see Sánchez Fernández et al., 2009). It was not possible to control the number of people who had actual contact with the survey because, due to ethical considerations, no confirmation of message receipt or user registration was requested. Respondents could complete the survey only once, all questions required responses to proceed with the survey, a ‘not applicable’ response option or similar was always provided. The survey administration followed the recommendations of the Checklist for Reporting Results of Internet E-Surveys protocol (Eysenbach, 2004).

Ethical considerations

The protocol of this study was evaluated by the Ethics Committee of the Instituto de Investigaciones Psicológicas of the Universidad Nacional de Córdoba with a subsequent favorable approval on December 11, 2020. The survey commenced with an information sheet, followed by the informed consent form.

Data analysis

The data were analyzed with the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), version 22. Analyses of absolute and relative frequency distributions were conducted, and the results presented in contingency tables. Means and standard deviations were calculated for interval variables. To assess whether the variables showed variations in their distribution across regions, comparisons were conducted using contingency tables, and the Chi-Square statistic was calculated to test the hypothesis of independence between groups.

Results

Academic training and professional practice

Table 1 presents the academic characteristics of the professionals. Approximately half (n = 90) indicated having completed specific and accredited training in legal psychology or a related area. Of these, 64 did so at a university and the rest at an association or institution other than a university, generally professional associations or training schools attached to legal or police institutions. Another 47 were undergoing specific and accredited training at the time of the survey, 41 at a university and 6 at different institutions. There was a significant negative correlation between age and the year in which specific and accredited training was completed (r = - .36, p < .001), indicating that the younger professionals tended to have more complete and up-to-date training.

Table 1: Academic characteristics of participants

Notes: ^a Less than 6 months. ^b 1 to 2 years.

Table 2 presents aspects of professional practice. Seventy-five percent of respondents had five or more years of practice and reported different requirements for conducting psychological assessments in the legal settings in which they practiced. The minimum reported requirement was associated with the practitioner’s region (x²(4) = 13.80, p = .008). Some 17.5 % of practitioners in Central America reported that a specialty or higher level was required, while that proportion was 15.2 % in the rest of South America and 7.7 % in Argentina. Notably, in no case did all the participants from the same country or region agree on the minimum requirement. On the contrary, their responses were dispersed across the different categories. Those with a higher level of education tended to report a more restrictive minimum level requirement (i.e., a higher academic degree) than those with a lower academic degree (c²(8) = 32.19, p < .001).

Table 2: Professional practice in Forensic Mental Health: years, country and requirements

Note: ^a In order to practice your professional activity in legal contexts in your country, what is the minimum academic requirement?

Assessment areas

State of mind at the time of the act or imputability

Among those who conducted assessments in this area in the past year (n = 130, 68.1 %), the interview was the most frequently used technique followed by personality inventories (Table 3). There were significant variations in the frequency of use of techniques across regions, with a tendency in Argentina and South America to use projective tests, and in Central America to use structured instruments (e.g., personality inventories, cognitive assessment tests, ability tests, clinical scales). The footnotes to each table detail the differences found between regions.

Table 3: Assessment of mental status or non-imputability: Use of techniques in the past year (n = 130)

Notes: SPJ: Structured Professional Judgment. The asterisks indicate significant differences according to regions at the level of *p < .05 **p < .01 ***p < .001. ^a More frequent use in Argentina, followed by South America. ^b More frequent use in Central America, followed by South America. ^c More frequent use in Central America, followed by Argentina. The "Very often" category is the reference.

Risk of general violence

More than two-thirds of professionals (n = 138, 72.3 %) had conducted at least one general violence risk assessment in the past year. Again, the most frequently employed techniques were the interview, followed by personality inventories (Table 4). Structured professional judgment (SPJ) guides for violence risk assessment are specific instruments for this task, but their use was reported less frequently than other non-specific instruments such as projective tests and clinical scales. Variations by region were similar to those reported above, with a preference in Argentina and South America for projective techniques and the Rorschach in these assessments, in contrast to Central America where psychometric tests were preferred. However, there were no differences between regions in the frequency of use of specific techniques for violence risk assessment (actuarial or SPJ).

Table 4: General violence risk assessment: Use of techniques in the last year (n = 138)

Notes: SPJ: Structured Professional Judgment. Asterisks indicate significant differences by region at the *p < .05 **p < .01 ***p < .001 level. ^a More frequent use in Argentina, followed by South America.^b More frequent use in Central America, followed by South America. ^cMore frequent use in Central America, followed by Argentina. The "Very often" category is the reference.

Risk of sexual violence

Two-thirds of the participants indicated having conducted risk assessment for sexual violence in the past year (n = 124, 65.8 %). As in the case of general violence, interview and personality inventories were used more frequently here (Table 5). Specific instruments (SPJ guides and actuarial instruments) were used less frequently than non-specific instruments, such as projective tests and clinical scales. Regarding regional differences, the same trend was observed toward the use of projective techniques and Rorschach in Argentina and South America, and psychometric tests in Central America.

Table 5: Sexual violence risk assessment: Use of techniques in the past year (n = 124)

Notes: SPJ: Structured Professional Judgment. Asterisks indicate significant differences by region at the *p <.05 **p < .01 ***p < .001 level. ^a More frequent use in Argentina, followed by South America. ^b More frequent use in Central America, followed by South America. ^c More frequent use in Central America, followed by Argentina. The "Very often" category is the reference.

Simulation

Slightly more than half of the respondents conducted at least one such assessment in the past year (n = 99; 51.8 %). The results were similar to those reported for other areas of assessment. That is, the most commonly employed techniques were the interview, followed by personality inventories (Table 6). Specific techniques (e.g., TOMM) were used less frequently than non-specific instruments, such as clinical scales and projective tests. Finally, the differences between regions follow the trend reported in the previous sections, with the exception of neuropsychological tests, which are reported, for the first time, to be used more frequently in Argentina.

Table 6: Simulation Assessment: Use of techniques in the past year (n = 99)

Notes: SPJ: Structured Professional Judgment. Asterisks indicate significant differences by region at the *p < .05 **p < .01 ***p < .001 level. ^a More frequent use in Argentina, followed by South America. ^b More frequent use in Central America, followed by South America. ^c More frequent use in Central America, followed by Argentina. d More frequent use in Argentina, followed by Central America. The “Very often" category is the reference.

Psychological harm

A total of 138 professionals (72.3 %) assessed psychological harm in the last year. The data show the three findings reported in previous tables (Table 7): a) a predominant use of the interview, followed by personality inventories, b) a more frequent use of non-specific techniques (e.g. clinical scales and projective tests) than specific techniques (in this case, PTSD assessment tests), and finally, c) a preference for projective techniques and the Rorschach in Argentina, compared to Central America where psychometric tests are more frequently used.

Table 7: Psychological harm assessment: Use of techniques in the last year (n = 138)

Notes: Asterisks indicate significant differences by region at *p < .05 **p < .01 ***p < .001. ^a More frequent use in Argentina, followed by South America. ^b More frequent use in Central America, followed by South America. The "Very often" category is the reference.

Discussion

This study explores psychological assessment practices in legal contexts in a sample of professionals from 10 Latin American countries. Empirical antecedents showed differences in these practices between professionals from European and Anglo-Saxon countries on the one hand (Archer et al., 2006; Lally, 2003; Neal & Grisso, 2014b), and from Latin American countries on the other (Arbach et al., 2017; Barboni & Bonilla, 2019; Navarro & Gudjonsson, 2008). In the latter, a more frequent use of unstructured techniques over structured ones has been reported, as well as less academic specialization in the area. In general terms, the answers provided by the 191 professionals who responded to our survey suggest that these trends continue at present and that there are significant differences between countries in the region in terms of the preferential use of some techniques over others.

Specific academic training and professional practice

The absence of specific accredited training in legal psychology (or related areas) in approximately a quarter of the participants indicates that accreditation of specific knowledge for professional practice in this field is not a widespread requirement in the region (Quintero et al., 2020). However, exclusive reliance on undergraduate training may carry its risks given that it will tend to be generalist, rather than specific (Benito, 2009). In fact, only a small proportion of professionals indicated having obtained specific training in legal psychology or related areas in their undergraduate training. This may be related to the fact that until recently there was a relative lack of specific postgraduate offerings in this region (Barboni & Bonilla, 2022; Quintero et al., 2020).

The striking reactivation of Legal and Forensic Psychology in the United States and Europe around the 1960s, strongly reinforced since the 1980s, promoted the proliferation of professional associations, academic societies, conferences and journal publications, fundamentally regulated by principles of scientificity (Fariña et al., 2005; Heilbrun, DeMatteo, et al., 2008). This phenomenon does not seem to have been replicated with the same intensity generally in Latin America (see Goldstein et al., 2015).

There are indications that those practitioners who rely more on clinical judgment will be less likely to use instruments, while the reverse is true for those who prioritize evidence-based practices and standardization of assessment processes (Neal & Grisso, 2014b). The preference for clinical judgment in decision-making, rather than an evidence-based model (see Ægisdóttir et al., 2006), goes back to the direct antecedent of the Daubert criteria, known as the Frye criteria (Frye v. U.S., 1923), whereby the admissibility of a test was established on the basis only of the general acceptance of the test in its disciplinary field. Progressively it has been shown that this single criterion is not sufficient and others were added to strengthen the scientific basis of the evidence. In recent years, there has been a marked development of guidelines for good practice in psychological assessment for experts in legal contexts (Dror & Murrie, 2018; Neal et al., 2022).

Our results suggest that the incorporation of scientific criteria in psychological assessment in legal settings is an ongoing process in this region, given that a greater proportion of the youngest reported having specific training. This may indicate a trend in Latin America towards accreditable professional specialization and the regulation of the necessary requirements for professional practice in this field. In this context, good practice guidelines play an essential role, and, in the Spanish-speaking world, Spain is one example of their development and application (e.g., APF, 2018; COPC et al., 2016).

Despite the limitations found in the survey in the specific training of the professionals, when it was present, it was quite recent (on average, it had occurred in the previous 6 years), which suggests that the professionals, especially the younger ones, are quite up-to-date. However, this finding still raises the question of the curricular contents of the professional training offered, and to what extent these contemplate the scientific standards that the discipline has reached elsewhere.

The answers to the question on the minimum requirements for professional practice in legal areas in each country varied, even among professionals from the same country. This points to the need to establish, communicate, and precisely regulate the minimum requirements for professional practice in this area of great disciplinary specificity. Because of this specificity and its ethical implications, professionals should know this information unequivocally (APA, 2013). Otherwise, there will remain biased practices and beliefs, as indicated by the finding that those with a higher educational level (e.g., master's or doctorate) tended to report higher requirements for professional practice.

Psychological assessment practices in legal contexts

With greater or lesser levels of specialized training, between 40 % and 60 % of the respondents carried out assessments in the areas analyzed. The most frequent were assessments of the risk of general violence and psychological harm, followed by assessments of mental state at the time of the event or non-imputability. Virtually all respondents reported using the interview as an assessment tool in all areas. Given that we did not ask whether the interviews were open-ended or semi-structured, it would be of interest in future studies to explore the level of structure used in these interviews and how it is established. This is essential because, in general, the instruments proposed in this survey are not accompanied by an interview guide, nor is accreditation for their use required in a binding manner. This may cast doubt on the reliability of the data collected in the assessments, and could also explain the lack of evaluator qualification reported in some studies (Ireland, 2012; Muñoz Vicente & López Ossorio, 2016).

In general, the most frequently employed techniques in the assessment areas explored here were the same. That is, the interview was clearly in first place, followed by multiscale personality inventories, projective techniques, and clinical scales, respectively. Only in the assessment of mental status did neuropsychological techniques rank above clinical scales. Overall, the results indicated the use in legal settings of techniques originally designed for clinical settings. Although the differences between these settings and their implications have been historically pointed out (Echeburúa et al., 2011; Greenberg & Shuman, 1997; Heilbrun, 1992), the choice of instruments reported in this survey indicates a limited use in Latin America of specific techniques for the legal field. For example, in the assessment of the risk of violence, both general and sexual, there was a preference for the use of personality inventories, projective tests and clinical scales, rather than the actuarial instruments and structured professional judgment guides that are specific to these assessments. These practices may be based on theoretical frameworks with predominantly classical psychiatric or psychopathological conceptions of dangerousness, considering violence as an emergent of a mental alteration or a particular personality trait (Andrés Pueyo & Arbach, 2014). A previous study indicated this (Arbach et al., 2017), and what is found here seems to show that it has not substantially changed. This occurs despite the evidence on the good psychometric properties shown by specific violence risk assessment tools in Latin American population samples (Arbach & Folino, 2021; E. Folino & Arbach, 2021; J. Folino, 2015).

The preference for generic, rather than specific, tools was also observed in the simulation assessment. That is, the practitioners do not choose those instruments specifically designed for the task and the context. In the case of the assessment of harm, the results are somewhat more encouraging as a higher proportion of professionals indicated often using tools to assess post-traumatic stress disorder. However, even in this case, clinical (generic) scales are used more frequently than specific instruments. This contrasts with the recommendations of good psychological practices that have been generated for legal settings (Heilbrun, DeMatteo, et al., 2008).

Despite the common factors described in the frequency of instrument use, variations were observed according to region, which showed a similar pattern among the different areas of assessment. Projective techniques and the Rorschach were most frequently reported by professionals from Argentina, followed by South America. In contrast, professionals from Central America reported using psychometric tests more frequently. This suggests the influence of a psychodynamic perspective in the former (Klappenbach, 2015), and of evidence-based practice in the latter. This could be due to both historical reasons related to the training of psychologists in the different countries of the region, and geographical reasons, as the countries of northern Latin America showed assessment practices similar to those reported in previous surveys by professionals from North American and European countries (e.g., Archer et al., 2006; Lally, 2003; Neal & Grisso, 2014b).

Limitations and future lines

This study uses non-probabilistic sampling and, therefore, it is not possible to generalize its results beyond the study population (Eysenbach, 2004). Nevertheless, since this is the first survey in which professionals from so many countries in the region participated, and since its data are consistent with previous findings, our results may be useful in the generation of hypotheses whose contrast will allow us to improve the understanding of assessment practices in the region and to adapt them, as necessary, to current scientific knowledge.

At the same time, the study does not escape certain biases inherent to surveys conducted on the Internet. One of these is related to biases in the representativeness of the sample. By using lists of personal contacts, the majority of the sample are professionals geographically close to the authors. In fact, seven Latin American countries are not represented in this survey, and it would be advisable to include them in future studies to favor generalization from cross-national comparisons. The self-selection bias could also have influenced participation by increasing the representation of people with concerns about the topic. Conversely, the self-selective effect may have been counteracted by the participation of people who, although they did not strictly meet the inclusion criteria, still decided to respond to the survey. It is difficult to know how this may have impacted the results, and we believe this is an interesting topic for future exploration.

Conclusions

Codes of ethics and good practice guidelines serve to adapt professional discretion to the scientific and ethical standards that regulate the discipline. Such regulations become most important when the result of professional practice has the potential to influence decisions that affect the fundamental rights of individuals.

Given the evidence that mental health professionals working in legal settings, even the most expert, do not escape the biases inherent to human judgment (Neal & Grisso, 2014a; Zapf et al., 2018), internal training and external technical and deontological regulations are necessary to counteract these (Dror, 2016). These have already been defined for Anglo-Saxon contexts (T. M. S. Neal et al., 2019) and it is a challenge to define them for the Latin American region. The results of this survey represent a first step in this task and, for example, indicate the importance of disseminating knowledge about specific tools for legal settings in this region, but especially in the southern countries. This should occur in conjunction with other conditions, including: a) the generation of accredited training instances, b) the improvement of accessibility to the instruments by adapting their cost to economies that are very disadvantaged in relation to those in which they were developed and published, c) the promotion of research on their psychometric properties in local populations and, finally, d) investment by each country in strategies for transferring the resulting knowledge from research groups to the justice administrations. With respect to the latter, it is essential to promote work practices that minimize predictive error, and that take into account procedural and judicial guarantees, as well as the fundamental rights of individuals.

References:

American Psychological Association. (2013). Specialty guidelines for forensic psychology. American Psychologist, 68(1), 7-19. https://doi.org/10.1037/a0029889

Andrés Pueyo, A., & Arbach, K. (2014). Peligrosidad y valoración del riesgo de violencia en contextos forenses. In E. García-López (Ed.), Psicopatología Forense: Comportamiento Humano y Tribunales de Justicia (pp. 505-525). Manual Moderno.